Los Peligros Ocultos de los Micropréstamos, la Trampa 0% Interés
En un máster de Derecho Penal del ICAM tuve la suerte de aprender de una persona sabia y muy honesto, que ocupó el cargo de fiscal general del Estado: José Manuel Maza. En una de sus clases, compartió una anécdota real que vivió como juez en la Sala Segunda del Tribunal Supremo:
“Cuando se le dio al acusado la oportunidad de tener la ‘última palabra’, este, con un tono algo desconfiado y ya sin esperanza, dijo:
-La próxima vez, espero que me toque un abogado que sea profesional… y no uno de oficio”.
Quiero dejar claro el respeto y la admiración que siento por mis compañeros, los abogados de oficio. Son verdaderos ejemplos de compromiso social (y yo mismo formé parte de este mundo en su momento). Hacen un trabajo muy valioso, necesario para muchas personas, aunque no reciben el reconocimiento económico que merecen. De hecho, la mayoría de las veces no se les paga lo justo, o incluso, en el mejor de los casos, el pago es ridículo.
La historia que contó el juez me parece muy importante, especialmente porque refleja las condiciones económicas tan difíciles de los abogados que defienden a consumidores y personas. Además, me hace pensar en la reciente aceptación del Proyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa. Esta ley, aunque pueda sonar importante, en realidad no aporta nada nuevo ni mejora el derecho de la Constitución que ya tenemos. Por otro lado, también se habla mucho últimamente sobre las reglas básicas para fijar el dinero a los profesionales, un tema que sigue creando mucha discusión.
Las demandas legales de clientes y usuarios han aumentado mucho en los últimos años, gracias al conjunto de leyes desarrollado por la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hace más de veinte años ya se notaba que había una gran separación entre las instituciones europeas y la gente, porque las leyes de la Unión Europea se veían como reglas para los comerciantes y no como algo pensado para las personas o los consumidores.
Sin embargo, la Unión Europea (que, en mi opinión, es el proyecto político más exitoso y ambicioso de la historia) reaccionó: comenzó a crear un conjunto de normas que igualaron esa Europa centrada en el comercio, construyendo una Europa pensada para los consumidores. Después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue detallando sus contenidos y estableciendo reglas comunes para que esas leyes se aplicaran por igual en todos los países de la Unión. Tanto es así, que hoy los derechos de los consumidores se consideran como “Derechos Humanos modernos”.
Uno de los pilares más importantes del mundo legal de los abogados. Sin embargo, el Derecho de los Consumidores se ha visto, de forma inconsciente, como un área de “segunda categoría”. ¿Por qué ocurre esto? Por tres razones:
El Derecho de los Consumidores no tiene el atractivo de otras áreas, como el Derecho Societario, Fusiones y Adquisiciones, Propiedad Intelectual o Urbanismo. Estas ramas a menudo tienen relevancia internacional y clientes que son grandes corporaciones. Los casos en estas áreas manejan cifras económicas enormes. Además, los clientes son representantes de empresas importantes y sus abogados trabajan en despachos poderosos, ubicados en oficinas lujosas y caras.
Por todo esto, los honorarios de estos grandes despachos suelen aceptarse sin problemas, incluso cuando las cifras son altísimas. En cambio, los honorarios de los abogados que trabajan en Derecho de Consumo se cuestionan con frecuencia, aunque la complejidad de su trabajo sea igual de alta.
Por eso, quiero destacar y defender la dignidad de los honorarios de los abogados de esta área. Su labor es igual de exigente que los casos que manejan los grandes despachos.
Darwin decía que “no sobreviven las especies más fuertes, sino las que mejor se adaptan al entorno”.
Cuando un consumidor llega a un despacho de abogados buscando ayuda legal para reclamar algo como la devolución de intereses abusivos de una tarjeta revolving, un micropréstamo o acogerse a la Segunda Oportunidad, el contexto suele ser este:
Es una persona con pocos recursos económicos y poca formación. Alguien con más dinero y conocimientos no habría aceptado una tarjeta revolving, ni un banco se la habría ofrecido por miedo a perderlo como cliente. Tampoco habría pedido un micropréstamo de 500 €, porque quien está bien económicamente no lo necesita. Y quien recurre a la Segunda Oportunidad es alguien que ya no puede más, sea un particular o un autónomo.
Además, es alguien que no puede pagar una provisión de fondos. Es lógico: si alguien está pidiendo unos cientos de euros al banco o pidiendo que le perdonen deudas básicas, difícilmente tendrá 2.000 € para adelantar el dinero a los profesionales.
Por eso, los despachos que se dedican al Derecho del Consumo han tenido que adaptarse a las necesidades de sus clientes. Si realmente quieren atenderlos, no pueden pedir un adelanto para cubrir gastos de su trabajo. Más bien, tienen que depender del éxito de la reclamación para cobrar los honorarios, normalmente a través de las costas judiciales.
Los costes que asumimos los abogados de consumo no son diferentes, en proporción, a los de las grandes firmas. Hacemos un trabajo igual de completo: primero, contactamos con los clientes y escuchamos sus casos. Luego, firmamos la Hoja de Encargo y hacemos una reclamación extrajudicial. Si es necesario, negociamos una solución antes de ir a juicio. También reclamamos a los bancos la documentación necesaria, redactamos la demanda y seguimos todos los trámites judiciales, como la Audiencia Previa o el Juicio. Finalmente, si procede, ejecutamos la sentencia.
Después de todo este esfuerzo, es inaceptable que nuestras tarifas se vean reducidas hasta un nivel ridículo. En términos de defensa, sería más rentable “fregar suelos” que ejercer como abogado tras haber pasado por todo esto: estudiar una carrera, hacer un máster de acceso, abrir un despacho y mantenerlo, contratar colaboradores, pagar herramientas como ordenadores, libros y bases de datos, formarse continuamente, trabajar largas horas y cumplir con plazos estrictos.
Además, el Derecho del Consumo no es sencillo. Los conceptos que manejamos, como el cálculo de TAE y TEDR, o los principios de transparencia y abusividad, son tan complejos (o más) que una reclamación de 10 millones de euros por un cheque bancario.
Cuando algunos LAJ dicen (a veces por iniciativa propia o a petición del abogado contrario) que los honorarios por una reclamación de consumo no pueden superar los 1.500 €, lo que realmente están haciendo es menospreciar nuestro trabajo. Es como decir que nuestras horas valen poco más que las de los puestos más bajos en la cadena productiva.
Se acusa a los abogados del Derecho del Consumo de generar demasiados juicios, según algunos LAJ, jueces o incluso políticos. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad.
Si de verdad quieren reducir el número de casos que llegan a juicio, aquí van dos consejos claros para los LAJ, jueces y políticos:
No son los consumidores ni sus abogados quienes están saturando los juzgados ni creando gastos al sistema judicial y al Estado. Son los bancos los que, tras cometer abusos, ponen todo tipo de trabas para que sólo los consumidores y abogados más persistentes se atrevan a demandarlos.
Cuando se han emitido aproximadamente 8.000.000 tarjetas revolving, de las cuales casi todas tienen intereses abusivos, y sólo se han presentado unas 400.000 demandas (el 5%), queda clara la estrategia de los bancos. Han elegido ponerle las cosas difíciles, tanto al consumidor como a su abogado, para que no les convenga reclamar.
Entre estas prácticas cuestionables, que incluso algunos compañeros aceptan, está el desprestigio del trabajo del abogado. Esto es especialmente grave porque los abogados son quienes, al final, logran que se cumpla la ley. Son los que hacen posible:
